El pasado miércoles 26 de septiembre, tuvo lugar la reunión del Comité Local del Partido Comunista de Andalucía en Sevilla ciudad. El Secretario Político, Carlos Vázquez, presentó una Resolución que, tras su debate, fue aprobada por unanimidad, lo cual no deja de ser un valor extraordinariamente importante de cara al adversario político, en tanto que no consiguen sino unir más al conjunto del PCA de Sevilla contra las medidas antiobreras que están tomando.
Así, partiendo del éxito de la Convocatoria de la Cumbre Social del 15-S en Madrid, por su carácter unitario y el éxito del trabajo de las Agrupaciones de Sevilla, repasa las agresiones al estado social por parte del PP a las órdenes del capital, acompañadas necesariamente por reformas del Código Penal que criminalizan la acción en la calle y convierten en delito penal el hecho reivindicativo.
Pero eso no va a frenar la voluntad movilizadora del PCE y del PCA, frente a unas políticas profundamente perjudiciales para las capas populares.
Repasa el papel que, ya en nuestra ciudad, juega el Ayuntamiento en estos ataques y analiza la anunciada ley de Reforma de la Administración Local, el Plan de Pago a Proveedores o los Planes
de Ajuste (recortes+recortes+recortes) que tendrán efectos muy restrictivos en las políticas sociales y consecuencias que indician privatizaciones en las empresas públicas –ya están en carga MERCASEVILLA y alguna línea de trabajo en Talleres de LIPASAM-, así como EMASESA o TUSSAM, en el punto de mira de los especuladores.
Para ello el PP está recortando derechos democráticos como evitar la presentación selectiva de mociones políticas en las Juntas Municipales de Distrito.
Se analiza el papel que Izquierda Unida está desarrollando en el Gobierno de la Junta de Andalucía y recuerda la sintonía con las decisiones tomadas en los órganos de dirección del PCA y del PCE, planteando como una oportunidad el próximo proceso que se abre en el debate de la X Asamblea Federal de diciembre o el marco de discusión en los difíciles presupuestos de 2013 de la Junta de Andalucía, dramáticamente condicionados por los PGE del gobierno central.
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