“Algo le pasa a esta democracia cuando a los fascistas se le rinden homenajes y a los demócratas se les sienta en el banquillo”.
Con esta certera frase sintetizó José Luis Centella, el Secretario General del PCE, lo que estaba ocurriendo cuando compareció en el acto de apoyo a Josefa Medrano en la antesala del juicio ayer por la mañana.
Nuestra compañera recibió el apoyo de todas las estructuras de Izquierda Unida a nivel andaluz, con Diego Valderas, su Coordinador General, con Manuel Gutiérrez Arregui, Coordinador Provincial de Sevilla y con José Manuel García, el Coordinador Local de la ciudad de Sevilla. Igualmente recibió la solidaridad de su partido, el Partido Comunista de España, con la presencia del ya mencionado José Luis Centella, Secretario General, así como el Se- cretario General del Partido Comunista de Andalucía, José Manuel Mariscal, el Secretario Provincial del PCA de Sevilla, Juan de Dios Villanueva y el Secretario Político Local, Carlos Vázquez. Nada menos.
Eso quiere decir que para Izquierda Unida y para el Partido Comunista, Pepa Medrano actuó con total corrección, valorando las situaciones jurídicas, pero, sobre todo, impidiendo que se utilicen locales públicos para homenajes a franquistas. Un comportamiento democrático y comprometido.
Pero también, para quienes pudimos permanecer en el interior de la sala de lo penal en la que se ce-lebró el juicio, sus actos se demostraron perfectamente legales y no se justifican para nada, las peticiones que realiza el ministerio fiscal o los abogados de las acusaciones, por otro lado, groseramente desproporcionadas y que solo merecen el rechazo de los demócratas.
La Fiscalía ha pedido para Pepa Medrano siete años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación, mientras que la asociación cultural Fernando III ha solicitado la inhabilitación especial para empleo o cargo público por ocho años por un delito de prevaricación; dos años de cárcel, multa de 24 meses a razón de 50 euros diarios e inhabilitación por tres años por el delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, así como el pago de una indemnización de 3.000 euros por los daños morales ocasionados a la asociación. Por su parte, el abogado de la asociación Ademán ha solicitado para la concejal la inhabilitación por siete años por un delito de prevaricación, así como 20 meses de prisión, 18 meses de multa a razón de 50 euros diarios e inhabilitación durante dos años por el delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, además de una indemnización de 300 euros por los perjuicios sufridos. ¿Cabe mayor afrenta o insulto a una concejala democrática y defensora de la justicia histórica?
Es curioso que las crónicas que contaban el juicio no se hicieran eco ayer de la brillante exposición de conclusiones que realizó la defensa de nuestra compañera. Un alegato espectacular, contundente y definitivo, que demostró paso a paso la absoluta legitimidad de los actos de nuestra compañera. Pero, claro. Es que, para cuando tocaron las conclu- siones de la defensa, casualmente al final, los medios ya se habían marchado... a comer, suponemos.
Efectivamente, algo le pasa a esta democracia que juzga a inocentes y enaltece a opresores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario