En estos tiempos, en los que la corrupción se apodera hasta los tuétanos de las altas instancias, denunciar un fraude o un aprovechamiento indebido de una vivienda de protección oficial por parte de un concejal del PP del Ayuntamiento de Sevilla, es tanto como ponerse a gritar en medio de una discoteca. “Luis, el cabrón” ha puesto el listón tan alto, que suena a calderilla descubrir un presunto fraude en el abuso y aprovechamiento de una VPO por parte de García Camacho, concejal del Distrito Norte por el Partido Popular.
Nuestro grupo municipal formuló varias veces preguntas sobre este tenor, e incluso, nuestro portavoz Antonio Rodrigo Torrijos tuvo que llevar al Pleno del pasado viernes, una pregunta escrita a la que el gobierno está obligado a contestar. El caso es que el concejal del PP es titular de una vivienda protegida que tiene la obligación de habitar y que no puede ni alquilar ni ceder su uso, cosa que es, al parecer, lo que está sucediendo.
Tan es así que hasta cuatro organismos oficiales han tenido que recurrir al Boletín Oficial del Estado para comunicar a García Camacho que tiene multas pendientes de pago y para comunicarle procedimientos de apremio, diligencias de embargo de sueldos, salarios y pensiones, dado que cuando se dirigen oficialmente a su domicilio ni está ni se le espera.
Por supuesto que, como es habitual en la cobardía del alcalde cuando tiene que enfrentarse cuerpo a cuerpo en los debates plenarios, en el momento de esta pregunta –y en casi todo el pleno del viernes, por cierto- Zoido estaba ausente. A ese alcalde que iba a ser el de la dedicación a Sevilla, al ausente del pleno, se le preguntaba por un asunto que lleva meses sin responder. Ese alcalde de la luz y los taquígrafos, campeón de la transparencia, mandó a otro miembro del gobierno a que le evitara el trance de admitir o desmentir. Las actas en esto a la larga pueden ser implacables.
Y la respuesta, como cuando Rajoy dijo lo de Bárcenas, que era un magnífico tesorero y que nadie podría demostrar su culpabilidad, ha sido decir que el comportamiento de García Camacho “es impecable”. O sea: negar cualquier atisbo de irregularidad o de fraude. Negarlo todo, aunque sea verdad. Esa es la doctrina indigna en términos democráticos que hace que nunca, jamás, el Partido Popular admita un error o reconozca un fraude.
En una ciudad con más de 17.000 demandantes de vivienda, con una crisis habitacional y de emergencia social, no es de recibo que un concejal del PP tenga su vivienda –presuntamente- cedida o alquilada y, a pesar de las pruebas de las irregularidades, el PP lo mantenga en el cargo y además lo niegue y justifique.
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