Alertan de la “incapacidad” de los servicios sociales para prestar atención a las familias y de que los “casos urgentes se derivan a Cáritas”
SEVILLA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
La comunidad de vecinos formada por 32 familias en situación de emergencia social que han ocupado un edificio vacío en las inmediaciones de San Lázaro en Sevilla, que se autodenomina Corrala de Vecinas ‘La Utopía’, han criticado la “incapacidad” de los servicios sociales para prestar atención a todas las familias que han perdido su hogar y han anunciado que ya han puesto en conocimiento de los juzgados “hechos que podrían suponer coacciones y amenazas realizadas por el Ayuntamiento de Sevilla”.
En rueda de prensa, la coordinadora general de la Asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía (APDH-A), Maribel Mora, junto a la que han estado miembros del movimiento 15M y del grupo ‘Arquitectura y Compromiso Social’, entiende que la actuación municipal ha consistido en una “estrategia organizada”, al “cortar los suministros que ya existían y que estaban activos” antes de que se realojaran las familias e “insinuando la apertura de procedimientos de protección de menores, que tenían como único fin amedrentar a las familias”. Así, advierte de que estas acciones pretendían “ocultar la incapacidad de los servicios sociales municipales para hacer frente a los gravísimos problemas sociales que se derivan de la actual crisis”, ya que “no tienen protocolos adecuados y carecen de recursos”.
También, ha criticado que desde el Ayuntamiento es “habitual derivar casos urgentes a Cáritas, obviando la responsabilidad pública a la hora de prestar soluciones al ciudadano”, mientras que las baremaciones urgentes de vivienda tardan “más de un año” en realizarse. Además, ha apuntando al número de trámites burocráticos para los ciudadanos en emergencia social “como consecuencia de errores administrativos” y a los “frecuentes desahucios que tienen lugar en Emvisesa”, añadiendo que “en toda Sevilla sólo hay una vivienda de EPSA en régimen de alquiler para familias en riesgo de exclusión”.
Mora insta a buscar soluciones para estas familias y afirma que no el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), ni el Ayuntamiento han contestado al requerimiento que les realizó el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, a pesar de que la ley “obliga a todos los poderes públicos a colaborar con éste en sus investigaciones e inspecciones”. Desde APDH-A se detalla que en Sevilla 6.000 familias perdieron sus viviendas en los últimos dos años, mientras que 114.000 casas permanecen vacías “sin que se espere que puedan ser vendidas en los próximos años”.
Por su parte, Marta Solanas, integrante del grupo ‘Arquitectura y Compromiso Social’, ha lamentado que “muchas familias que ven como han perdido sus hogares mientras que numerosas casas están vacías y lo seguirán estando durante muchos años”, por lo que ha pedido que se concilie el derecho a la propiedad con el derecho a la vivienda, “que está reconocido constitucional e internacionalmente, algo que para hacerse basta con la voluntad política de las administraciones”.
Marta Solanas ha comunicado además que ya existe una denuncia formal por la usurpación del inmueble donde se instala la Corrala de Vecinas ‘La Utopía’, presentada por Ramón López Casal, el propietario de Maexpa, “antigua empresa propietaria del inmueble que en la actualidad ha desaparecido”, y recuerda que sobre el edificio pesa un embargo y una hipoteca, mientras que Casal “se encuentra envuelto en tres procesos judiciales”.
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