La reforma exprés de la Constitución que se consumó este martes en el Senado tiene que contar con la opinión de los ciudadanos. A partir de ahora está contando el plazo de 15 días para que el 10% de los 350 diputados (35) o el 10% de los 261 senadores (26) puedan solicitar que sea ratificada mediante referéndum dicha reforma. El plazo acaba el próximo 22 de septiembre.
Izquierda Unida está impulsando entre los senadores y diputados una propuesta y hasta ayer ya cuentan con 32 de las 35 firmas necesarias para conseguir la consulta popular.
Además de eso, Izquierda Unida presentó ayer día 8 de septiembre un recurso de amparo al Tribunal Constitucional con el fin de denunciar la burla al ejercicio parlamentario ante un pro- ceso consumado en 48 horas.
No obstante las gestiones institucionales, para Izquierda Unida la clave está en la movilización ciudadana y en la presión que hay que ejercer sobre los impulsores de este golpe de estado a lo social y a lo público, que no son otros que el PSOE y el PP, que comparten una misma visión a favor de los mercados y de los mercaderes.
Porque pagar antes a los usureros y prestamistas que las partidas del presupuesto que cubren las pensiones, la educación, los hospitales o los restantes servicios públicos es un atentado contra lo social que sólo se puede evitar procurando que los ciudadanos, los afectados por esta decisión, tenga la oportunidad de pronunciarse.
Si Izquierda Unida contase con una representación en el Congreso de 30 o 35 diputados ningún partido se atrevería a ningunear al pueblo con este desprecio. El 20-N en las elecciones generales tendremos una excelente oportunidad para corregir este pernicioso desequilibrio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario