Partido Comunista de España / 12 abr 12
España es uno de los países de la UE con menos crímenes por cada 10000 habitantes, sin embargo, es uno de los 3 países de la UE con más personas encarceladas por cada 10000 habitantes. Lo anterior acredita que en España se han priorizado en materia penal, tanto por los gobiernos del PSOE como por los del PP, las políticas represivas sobre las preventivas, obviando uno de los pilares básicos del Estado de Derecho: la defensa del derecho a la libertad de los ciudadanos sobre otras consideraciones siempre secundarias
En estos momentos de aguda crisis social y económica, el gobierno del PP da una nueva vuelta de tuerca a estas políticas represivas criminalizando la protesta social y la disidencia, a cuyo efecto inventa problemas inexistentes con el único fin de endurecer el código penal a golpe de titular periodístico
España y los españoles han demostrado sobradamente su civismo a la hora de manifestarse y ejercer el legítimo derecho a la protesta, como ha quedado acreditado en todas las huelgas generales de la democracia y especialmente en las masivas movilizaciones de la primavera y verano del año pasado protagonizadas por los indignados. Es evidente que en España no existe un problema de violencia o vandalismo en la protesta social. Tras la exitosa Huelga General del pasado 29 de marzo en las que más de 15 millones de ciudadanos salieron pacíficamente a la calle para expresar su apoyo a la huelga y su rechazo al cercenamiento y eliminación de los derechos laborales de los trabajadores acometidos por el PP con su contrarreforma laboral, la respuesta de Rajoy es clara: endurecer el código penal hasta límites nunca vistos en estados democráticos, con la excusa de que en Barcelona existen varios cientos de “antisistema” que curiosamente la policía no sabe controlar en los momentos de grandes demostraciones pacíficas de ciudadanos contra las políticas criminales neoliberales.
El PCE denuncia la intencionada exageración de esta realidad, si no la creación artificial de la misma, por parte del gobierno, con la única finalidad de justificar la sustitución que preparan del estado de derecho por un estado policial, más adecuado para combatir la contestación social que se avecina ante la amputación del estado social impuesta por los mercados y la oligarquía financiera mundial
El gobierno pretende tipificar como delitos de terrorismo los incidentes ocasionados en manifestaciones, teniendo como única prueba de tales hechos la meras declaraciones de agentes policiales, estableciendo un mínimo de 2 años de cárcel para estos nuevos delitos. Equiparar la legítima protesta social a “kale borroca” o guerrilla urbana, como ha dicho el ministro de interior, pone de manifiesto no solo el autoritarismo de este gobierno y su escaso talante democrático, sino su clara voluntad de impedir a cualquier precio la protesta social, incluso llenando las cárceles de manifestantes.
Entre el catálogo de nuevos delitos que propone el gobierno equiparar a terrorismo callejero, se encuentran la “resistencia pasiva” practicada históricamente por los movimientos no violentos de todo el mundo, la convocatoria de manifestaciones o concentraciones que adquieran carácter violento siempre que la convocatoria se haga a través de Internet o redes sociales -criminalizando así la simple utilización ciudadana de las nuevas tecnologías en la protesta social- y “penetrar en establecimientos públicos u obstaculizar el acceso a los mismos” . Olvida el Ministro que la resistencia a la autoridad ya es un delito, igual que llamar a la violencia o las coacciones consistentes en impedir la entrada a espacios públicos.
La subjetividad de la norma, y por lo tanto la arbitrariedad en la apreciación de estos nuevos delitos por agentes del orden o los tribunales, conculcando así el principio constitucional de legalidad penal, se convertirá en patente de corso para encarcelar preventivamente a cualquier persona con la sola apreciación policial de amenazas o comportamientos intimidatorios”
Emulando las políticas hitlerianas, el PP pretende acabar con el desempleo multiplicando la población penitenciaria para lo cual establecerá un mínimo de 2 años de cárcel para todos estos nuevos delitos, lo que facilitará el ingreso en prisión preventiva - actualmente, con una duración de hasta 2 años o 4 si la acusación es de terrorismo- de cualquier persona que simplemente manifieste su indignación en una protesta social. La arbitrariedad propia del fascismo, legalizada por un gobierno autoritario sometido al dictado de Alemania, del BCE y del FMI.
El PCE llama a la ciudadanía a oponerse frontalmente a este injustificado endurecimiento del código penal para criminalizar la protesta social, advirtiendo al Gobierno de la insensatez que supone crear inexistentes problemas de orden publico con la única finalidad de multiplicar la represión de las legítimas expresiones de protesta social frente a un sistema fracasado incapaz de atender las necesidades básicas de la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Esta reforma, de llegar a concretarse, supondrá el principio del fin de Estado de Derecho que trajo a España las libertades tras la muerte del Dictador más admirado por los prebostes del PP.
Madrid a 12 de abril de 2012
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