En las pasadas Elecciones Generales el Partido Popular alcanzó con mayoría absoluta el Gobierno de España. Nunca se pudo conocer con precisión con qué tipos de planteamientos económicos y sociales iban a afrontar la terrible crisis económica que afronta nuestro país, aunque sí se podían atisbar pinceladas de sus recetas al comprobar cómo en las Comunidades Autónomas en las que gobierna la derecha se producían fortísimos recortes en las partidas presupuestarias que sustentan los servicios públicos que atienden a la ciudadanía como educación y sanidad.
Hoy, se despeja la incógnita y lo que era antes una agenda oculta, ahora es una batería de medidas que afianzan el neoliberalismo radical como mecanismo de entender la economía, siguiendo las trazas ya impulsadas por el Gobierno de Zapatero.
El paquete de medidas es anunciado como sólo el principio, por lo que es de esperar que se profundice la brecha social que esto comporta. El paquete dibuja recortes sociales generalizados, reducción de empleo público y de salarios para el conjunto de los trabajadores del sector público, cuestionamiento de la Ley de Dependencia y congelación de los beneficiarios de la misma, nueva vuelta de tuerca a la política de inmigración, incremento en la imposición a las rentas del trabajo sin tocar la tributación de las rentas del capital, etc…
A mismo tiempo se pergeña una ofensiva en materia de legislación laboral con el abaratamiento del despido, la desregulación de la negociación colectiva y la perspectiva de la disminución de las prestaciones por desempleo.
Ante este panorama, volvemos a insistir en la necesidad luchar por el cambio del modelo económico hacia un modelo productivo que atienda las necesidades de la gente y no de los mercaos. Un modelo que huya de la especulación y que se dote de los mecanismos necesarios como una banca pública que junto con la nacionalización de sectores económicos neurálgicos posibiliten la reindustrialización y la producción agraria a través de una decidida Reforma Agraria Integral que ponga fin al régimen decimonónico de propiedad de la tierra que rige en Andalucía.
Creemos imprescindible abordar un cambio decidido en el régimen de producción de bienes y servicios desde la planificación democrática para poder abordar un cambio profundo en la distribución de la riqueza resultante.
Para lograr esta salida de la crisis por la izquierda, debemos insistir en la necesidad de una fuerte movilización sostenida en el tiempo, que de entrada tendría que verse reforzada con la convocatoria urgente de una Huelga General.
Asimismo, llamamos a participar en la movilización convocada por Izquierda Unida para el próximo 26 de febrero, y a que la mayoría social andaluza traduzca la movilización en propuesta política apoyando nuestras candidaturas el próximo 25 de marzo.
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