IU se manifestará en los próximos días conjuntamente con los sindicatos CC.OO y UGT, además de distintas organizaciones sociales de ámbito estatal, y les dará su total apoyo en contra de la reforma constitucional pactada por el PSOE y la derecha para incluir límites al techo de gasto en las distintas administraciones. Así se lo ha trasladado directamente esta tarde el coordinador federal de esta formación, Cayo Lara, a interlocutores de los dos sindicatos mayoritarios con los que se ha reunido por espacio de casi una hora en la sede confederal de UGT.
Lara considera que esta es la forma que le queda a los ciudadanos para hacer frente al “mayor atentado contra el Estado de bienestar” en la larga historia de todas las políticas de ajuste económico realizadas en España.
El coordinador federal encabezó la delegación de Izquierda Unida que intercambió impresiones con las de CC.OO y UGT sobre la total coincidencia en el total rechazo a la proposición de ley PSOE-PP que se debate mañana en el Congreso. Estuvo acompañado por el secretario federal de Economía y Trabajo, José Antonio García Rubio, así como por lo/as responsables de Relaciones Políticas y de Comunicación Interna, José Luis Centella y Amanda Meyer, respectivamente.
Para Lara, la reforma constitucional y la ley orgánica que la acompañará para limitar el déficit supone “atar de pies y manos a futuros gobiernos autonómicos y locales para que puedan hacer políticas expansivas de gasto social”.
“Hasta ahora teníamos una Constitución que se nos había dicho que era intocable y muy difícil de modificar; pero de pronto nos encontramos con que sí se modifica y, además, con ‘agosticidad’ y urgencia, en una modificación ‘express’ inútil e injusta que lleva a ese gran atentado contra el Estado de bienestar”, afirmó.
Cayo Lara insistió en la reivindicación que IU lleva exigiendo desde apenas unas horas después de que Rodríguez Zapatero diera a conocer por sorpresa el acuerdo al que había llegado con el líder de la derecha, Mariano Rajoy, para ejecutar esta reforma antes de las elecciones generales del 20-N: que sea consultada a los ciudadanos a través de un referéndum. Valoró que “tras una Constitución que se aprobó en referéndum, una reforma que tanto puede marcar el futuro de la política de nuestro país no se puede hacer a espaldas de la soberanía popular”.
Del mismo modo criticó que “cuándo en muchas plazas y pueblos se pide más democracia, ahora se vuelve a coartar este concepto” al decidir que esta reforma “se apruebe en el parlamento por la puerta de atrás”.
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