Alameda: razones para decir no

Carlos Mármol | 27 de mayo de 2012 a las 6:15 

La obsesión municipal por construir un parking en la Alameda y recalificar la comisaría de la Gavidia es un digno ejemplo de una llamativa forma de hacer política: imponer las cosas sin sustentarlas antes desde el prisma técnico.

Shakespeare decía que para un rey es bueno tener la fuerza de un gigante a condición de no acostumbrarse a utilizarla. Quizás porque cuando un gobernante opta por mandar sólo en función del predominio aritmético, sin dejar sitio al diálogo, corre el riesgo de incurrir en un error impropio de los políticos inteligentes. Aplíquese dicha lección a algunos de los actuales proyectos del gobierno municipal de Sevilla, que estos días celebra su primer año de éxitos, y obténganse las pertinentes conclusiones. No sé si lo verán ustedes igual que yo, pero me debo al ilustre oficio de la sinceridad impertinente. Van mal.

Veamos dos ejemplos: la construcción del aparcamiento subterráneo de la Alameda de Hércules y la recalificación de la antigua comisaría de la Gavidia. De ambos ha hecho bandera el equipo de Zoido. Estas dos iniciativas, por así decirlo, son metáforas de su forma de concebir la política aunque no reflejen exactamente lo que se pretende enseñar –una gestión eficaz– y, en cambio, vayan camino, igual que pasó con Ikea, de convertirse justo en símbolos de todo lo contrario.

Me explico. En el episodio del aparcamiento situado bajo el principal espacio público del centro de Sevilla –Monteseirín destinó el otro, la Encarnación, a albergar un centro comercial–, la idea de Zoido de volver a levantar la urbanización hecha hace sólo dos años, que costó siete millones de euros pagados con dinero público, para convertir este enclave en la cubierta de un estacionamiento rotatorio se sustenta en argumentos con los que se podrá o no estar de acuerdo pero que remiten –siempre– a un interés particular –el de los comerciantes del centro, sin olvidar al hipotético operador del parking– bastante alejado de sus supuestos beneficios públicos.

La Alameda es desde hace unos años un espacio vivo, lleno de actividad ciudadana, donde se han abierto multitud de negocios. La decisión municipal de reinventarlo obvia todos estos elementos en busca de imponer su propio dogma: “hay que hacer un parking para que la gente compre en las tiendas de Aprocom”.

Analicemos a fondo la cuestión. En primer lugar, el tono: el Consistorio no se plantea al defender esta postura que su posición de partida pueda estar equivocada –mal síntoma– ni tampoco la viabilidad jurídica real de la iniciativa. Recurre a lo habitual: el alcalde así lo cree. ¿Para qué discutir nada?

Y, sin embargo, la discusión es lo más interesante, porque es categórica: demuestra que en el gobierno local las cosas se deciden y se anuncian, cosa que también ocurría antes, sin sopesarlas en demasía y sin articular mínimamente desde el punto de vista técnico. Con Ikea pasó igual: un año después de prometer arreglarla en semanas, la cuestión todavía sigue abierta en canal.

La pregunta clave es otra: ¿es legal la decisión municipal de cambiar el Plan General para destruir la actual Alameda? Repárese en que nadie habla de legitimidad. Zoido, con su amplia mayoría, puede iniciar el proceso administrativo para cambiar el PGOU. Sí. Otra cosa es que tenga éxito en el intento. Y no precisamente por una conspiración política, sino por su propio talento.

La legislación urbanística, que es el único marco objetivo para analizar esta premisa, fija que cualquier cambio en el planeamiento vigente de una ciudad debe mejorar la ordenación previa. Se trata de un condicionante general, con independencia de los motivos oficiales que se esgriman para defender este tipo de propuestas. Las reglas del juego son nítidas: si la idea de hacer un parking en la Alameda no mejora el PGOU difícilmente podrá ser validada por la Junta de Andalucía. O ser respaldada por un juzgado.

Con independencia de lo que se piense al respecto, el criterio para evaluar esta cuestión está fijado expresamente en la normativa: es el interés público; nunca el privado. Así, además, lo recoge en su amplia jurisprudencia el Consejo Consultivo, el máximo órgano jurídico de Andalucía, que tiene que emitir un informe vinculante al respecto de este proyecto. Su tesis: para alterar el Plan General de una ciudad debe justificarse y concretarse que la nueva propuesta urbanística mejorará el plan vigente. ¿Lo hace el PP?

A tenor del singular expediente aprobado por Urbanismo, no demasiado. La única justificación formal que da el gobierno del PP para defender su iniciativa –y sobre la que en su momento opinará el Consultivo– es que Zoido ha derogado el Plan Centro. Punto. En ningún momento se explica –acaso porque no se pueda– en qué medida el hecho de hacer un parking rotatorio optimiza el modelo urbano de Sevilla.

El cambio que persigue el PP no es menor: alterar el PGOU en este punto abrirá la mano para construir otros estacionamientos comerciales –cerrados a los residentes– en cualquier punto del casco histórico. Una decisión de fondo que invalida uno de los elementos estructurales del Plan de Sevilla:  su programa de movilidad. Evidentemente, una cuestión tan sustancial no puede ser alterada sólo con un mero documento de modificación puntual, que es lo que el Ayuntamiento ha aprobado.

Porque además de no explicar en qué beneficiará a la ciudad –un requisito legal–, el Ayuntamiento basa su propuesta únicamente en la eliminación de una medida (el Plan Centro) sin demasiada entidad urbanística. El sustento legal de este proyecto era una ordenanza y, por tanto, con un rango jurídico inferior al PGOU. Por otro lado, la supresión del veto a los aparcamientos rotatorios cuestiona los principios de protección patrimonial del Plan General para el Casco Histórico: menos coches. ¿Esto es un beneficio colectivo?

En la Gavidia sucede otro tanto. Ni la justificación oficial es sólida, dadas las exigencias jurídicas que hay que cumplir, ni atiende a los requerimientos de la norma. El PP elimina la calificación urbanística del antiguo edificio policial –un equipamiento público– para convertirlo en “una gran superficie comercial”. El objetivo es venderlo al mejor postor: el presupuesto local de 2012 cuenta con estos ingresos, aunque estamos en mayo y la operación aún no tiene calendario cierto.

Asumir que la eliminación de un equipamiento vecinal será buena para la ciudad se antoja difícil. Quizás por eso el PP haya optado por otra vía: en el expediente urbanístico alega una motivación económica. Esto es: la necesidad de obtener recursos. ¿Convencerá al Consultivo? Ya se verá. Pero lo que es evidente es que no cumple la ley urbanística de Andalucía, que exige justificar cuál es la mejora que supondrá cambiar el PGOU, además de que ésta se sustente en el “mejor cumplimiento de los fines de la actividad pública urbanística”. ¿El fin del urbanismo es ganar dinero?

De otro lado, la exigencia legal de compensar el equipamiento que se perderá en la Gavidia debe hacerse, según la LOUA (artículo 36), en “la propia área objeto de innovación”. El Ayuntamiento quiere cumplir este trámite con el mercado del Arenal y el registro de la calle Pajaritos, de menor entidad y situados en zonas urbanas distintas. Otro desliz que dificulta la viabilidad del expediente. De hecho, el proyecto del PP no cumple casi ninguna de las obligaciones legales: ni justifica la innecesariedad del uso público de la Gavidia –sólo se habla de obtener fondos– ni tiene informes viables de la Junta, además de optar por una calificación –gran superficie comercial–que ni es pública ni de interés social. Sólo mercantil.

Lo que explica que, según fija la legislación de comercio, también sea necesario un informe sobre el impacto que tendrá sobre el comercio tradicional, además de un permiso ambiental único. El centro comercial de la Gavidia estará a menos de 500 metros de una zona residencial. Todo conduce pues al abismo: la recalificación urbanística del PP resulta ser tan pretenciosa como frágil desde el punto de vista legal. Zoido, claro está, puede politizar la cuestión. No servirá de mucho. Su talón de Aquiles no lo solucionará su nutrida mayoría en el Pleno. Se llama de otra forma. Eficacia, quizás.